Organizado por la Federación Europea de Jubilados y Personas Mayores (FERPA), 80 delegados de las confederaciones nacionales sindicales de 22 países de la Unión Europea participaron en este encuentro sectorial. El análisis de la actual situación de cobertura y prestaciones sociales a este colectivo en cada país miembro dio como resultado la elaboración de un texto reivindicativo común, que tomó por título el 'Nuevo Pacto Social', que será elevado a aprobación por el Parlamento Europeo.
La consejera para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, Micaela Navarro, presidió el acto inaugural de esta conferencia internacional, al que asistieron también dirigentes de las confederaciones sindicales de jubilados y personas mayores.
La delegación española a la conferencia contó con representantes de las confederaciones sindicales de UGT, CC.OO. y USO. Según Manuel Ejido, Secretario de Relaciones Internacionales de Jubilados y Pensionistas de UGT, la cobertura en prestaciones y servicios al colectivo de mayores españoles en comparativa al resto de socios europeos es muy dispar en función del sector que se analice.
Así, y según explica, mientras la Ley de Dependencia ha situado a España en una posición de vanguardia con respecto a la mayoría de los socios europeos, el nivel de las prestaciones por pensiones se sitúa en el vagón de cola de Europa.
Nuevo pacto social
El envejecimiento de la población y las diferencias en políticas sociales de los países miembros de la Unión Europea han llevado a la Federación Europea de Jubilados y Personas Mayores (FERPA) a reclamar un nuevo pacto social en defensa de las pensiones y derechos sociales.
La federación, que celebró un congreso los pasado jueves y viernes en Torremolinos, pretende alertar al Parlamento Europeo, a través de la Confederación Europea de Sindicatos, de la necesidad de articular medidas a medio plazo para garantizar que los mayores tengan una vida "digna".
Según afirmó el secretario general, Bruno Constantini, los jubilados en Europa están, en general, "muy poco considerados", y ante el previsible aumento de la población mayor y las diferencias que existen entre los países en materia de pensiones y asistencia se pretende que haya una directiva europea que regule estas cuestiones.
En concreto, el borrador del documento que se aprobó en la asamblea recoge los derechos de los mayores a una vivienda, servicios públicos, sanidad y unos ingresos mínimos.
Dado que la actual situación de crisis económica no permite a los gobiernos incrementar el gasto social, la FERPA reivindica que se diseñen las medidas a medio plazo, con un horizonte de 10 ó 15 años.
Sobre las consecuencias de la crisis económica, el presidente de la FERPA, Welther Thum, explicó en el congreso que tiene sus consecuencias para el sistema de pensiones, pues se produce un aumento del desempleo en toda Europa "y se reducen los ingresos de las cajas de pensiones estatales".
"Son nuestros problemas y, por tanto, tenemos que tomar cartas en el asunto, tenemos derecho a tener seguridad en la tercera edad", afrimó Thum, quien ha reclamado una mejora de las pensiones en toda Europa.
También llamó la atención sobre la "desigualdad" que existe entre sexos, pues las mujeres perciben pensiones un 15 por ciento más bajas que los hombres.
Por su parte, el secretario de Relaciones Internacionales de UGT en España, Manuel Egido, señaló que las diferencias de las políticas en Europa son "tremendamente grandes", sobre todo con la incorporación de los Países del Este.
Los más avanzados en materia de derechos sociales y pensiones para los mayores son los países nórdicos, Francia y Alemania, mientras que España puede "presumir" de la Ley de Dependencia, pese al "hándicap" de algunas comunidades como la de Madrid, Murcia o Valencia, en las que "no hay mucho ánimo de hacer nada en ello", en opinión de Egido.
Durante el congreso hubo múltiples referencias a la Ley de Dependencia puesta en marcha por el Gobierno español, que constituye "un ejemplo para los demás países en Europa", según Constantini.
Por último, a juicio de la consejera de Bienestar Social de la Junta de Andalucía, Micaela Navarro, la Ley de Dependencia es "una de las más importantes de los últimos 20 años en la historia de este país", por lo que implica de "cambio estructural, de calidad de vida".
