El Gobierno de Ammán pidió hoy al grupo radical Estado Islámico (EI) una prueba de vida del piloto jordano Muaz Kasasbeh, secuestrado por los yihadistas en Siria, como condición para cumplir su exigencia de liberar a una terrorista iraquí.
"El Gobierno jordano está dispuesto a liberar a la prisionera, pero hemos pedido una prueba de vida del rehén jordano y no la hemos recibido", dijo en una rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo de Ammán, Mohamed al Momani, que añadió que cuando la reciban podrán "hablar del intercambio".
El EI dio un nuevo ultimátum a Jordania hasta las 17.00 hora local (15.00 GMT) de hoy para que proceda a la liberación de la yihadista Sayida al Rishawi, presa en Jordania, o de lo contrario acabará con la vida de Kasasbeh y de un periodista japonés también capturado.
"Estamos en constante contacto y coordinación con nuestro amigos japoneses para proteger también al rehén japonés", agregó el portavoz gubernamental jordano.
Al Momani reflejó en su alocución las preocupaciones de su Gobierno sobre la seguridad del piloto porque Kasasbeh no apareció en los dos últimos comunicados de audio y vídeo difundidos por el EI en internet, en los que sí mostró al rehén japonés, Kenji Goto, informando sobre el ultimátum.
Por otra parte, el Parlamento jordano dijo hoy en un comunicado que a la oferta del EI "le falta seriedad" y buenas intenciones.
"Los obstáculos a los que se enfrenta el negociador jordano prueban la existencia de malas intenciones por parte del EI", según la Asamblea Legislativa, que exigió también "un acuerdo serio que incluya la liberación" del piloto.
Kasasbeh es rehén del EI desde el pasado 24 de diciembre, cuando su avión fue derribado en la provincia siria de Al Raqa, feudo de los yihadistas.
Al Rishawi, que sigue en prisión según confirmó Al Momani, fue condenada a muerte por un tribunal jordano por su participación en un atentado contra un hotel de Ammán en 2005, aunque a ella le falló el cinturón de explosivos que portaba adosado a su cuerpo.
La semana pasada, el EI fijó un plazo de 72 horas, que se ha ido alargando, para que el Ejecutivo nipón pague 200 millones de dólares a cambio de no asesinar a Goto y a otro ciudadano nipón, Haruna Yukawa, que fue ejecutado el sábado.