El Gobierno está tramitando el indulto a la víctima de violencia de género condenada a prisión María Salmerón, una auxiliar de enfermería de 50 años, y residente en Sevilla, que el pasado 6 de febrero tenía que haber entrado en prisión por un plazo de seis meses al haber quebrantado el régimen de visitas con su exmarido, condenado en varias ocasiones por malos tratos, en respeto a la decisión de su hija Mirian, de 14 años, que no quiere estar con su padre.
"El caso de la señora Salmerón que cita, seguramente sabe, hemos sido los primeros en manifestar interés en identificar la singularidad de las circunstancias, y por tanto el trámite del indulto se está tramitando y por tanto tendremos la máxima sensibilidad para poder encontrar las circunstancias que permitan el otorgamiento del indulto si así lo informa favorablemente el tribunal sentenciador", ha asegurado el ministro de Justicia, Rafael Catalá, en la sesión de control al Gobierno, en respuesta a la diputada del PSOE Ángeles Álvarez.
La diputada socialista organizó, junto con la secretaria de Igualdad del PSOE, Carmen Montón, una rueda de prensa el pasado 19 de febrero en el Congreso donde puso de relieve el caso de Salmerón y pidió al Gobierno el indulto para esta mujer maltratada.
MUJERES MALTRATADAS ESTÁN EN PRISIÓN
Durante su intervención de este martes, la socialista ha alertado de que mujeres víctimas de malos tratos están en prisión o esperando su ingreso, cuando su único delito ha sido proteger a sus hijos o, en todo caso, no querer verse con un progenitor violento.
"Son víctimas sometidas a indefensión y extorsión. (...) Donde su negativa a colaborar en ese despropósito es causa de informes tendenciosos que están abocando al castigo penal a las víctimas", ha lamentado Ángeles Álvarez.
Así, ha denunciado que "no es de justicia" que desde las instituciones se firmen acuerdos con organizaciones que dan formación a equipos psicosociales y donde "se instruye" para que la atención psicológica a los menores sea autorizada por el progenitor violento.
Es más, ha puesto de relieve que Jueces para la democracia y Themis han alertado de que el estatuto de la víctima "va a silenciar más a las víctimas de violencia de género".
Por todo ello, ha urgido al ministro a corregir, vía indulto, algunos de estos despropósitos y debe poner sensatez para arrinconar a quienes "con prejuicios sexistas dañan desde las instituciones a las víctimas". A su juicio, lo "más grave" es que la ONU les ha dado las pautas y el Gobierno aún no lo ha corregido.
El ministro, por su parte, ha defendido el trabajo que está emprendiendo el Ejecutivo en materia de violencia de género y para evitar la revictimización de estas mujeres, a la vez que ha mostrado su repulsa ante esta lacra.
En este sentido, ha insistido en que la Ley Integral de Medidas contra la Violencia de Género, después de diez años, "no trabaja adecuadamente" y por eso ha dicho que "hay que insistir en los esfuerzos", así como en la dotación de los medios.
EL CASO DE MARÍA SALMERÓN
María se casó en 1999 y se separó en 2001 porque su entonces marido la maltrataba. Desde entonces y hasta ahora (han pasado casi 15 años) sigue vinculada a él. Confiesa que no ha podido rehacer su vida y desde entonces no está tranquila ni en su casa. Todas las semanas tiene alguna citación judicial y tiene embargada por esta situación hasta la nómina y la herencia de su padre, una parte de un pequeño piso de 60 metros donde reside actualmente su madre.
Asimismo, ha solicitado una moratoria al banco, donde tiene la hipoteca, porque no puede pagarla al tener todo embargado por las multas ante el incumplimiento de los regímenes de visitas. No tiene noticia hasta la fecha. Sólo sabe que se suspendió su entrada en prisión hace un par de semanas porque su abogado recurrió el auto. En caso final de entrar en prisión, dice que la Junta de Andalucía le ha prometido que no perderá su trabajo.
"Intento salir del círculo pero la justicia no me deja", lamenta la víctima, que tuvo a su bebé al año de casarse con este hombre, que la hizo objeto de maltrato habitual desde el inicio del matrimonio, habiendo sido condenado por ello en varias ocasiones y sin haber entrado en prisión hasta la fecha, a pesar de las numerosas denuncias por agresiones e insultos, entre otras causas.
Durante siete años, su hija tuvo que acudir a las visitas supervisadas y en un lugar neutro para ambos progenitores, según dictó el juez. Se conoce como el 'punto de encuentro'.