Un imputado ha declarado ante el juez de Sevilla que investiga las presuntas irregularidades en Invercaria que "mantuvo una conversación" en el año 2006 con el entonces consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías, en relación a la empresa Electronics Devices Manufacturer S.A. (EDM), que recibió de Invercaria dos préstamos participativos por valor de 1.180.000 euros.
Según el acta de su declaración, a la que ha tenido acceso Europa Press, el que fuera máximo accionista y consejero delegado de EDM, Juan Ruiz Cobo, puso de manifiesto que "conoce" a Zarrías --citado como imputado por el Tribunal Supremo en el caso de los ERE irregulares-- y que "sólo mantuvo" con él "una conversación en julio de 2006 "al efecto de EDM".
En concreto, y según declaró ante el juez Juan Gutiérrez Casillas, habló con el exconsejero "para poner en marcha los centros especiales de empleo", aunque precisó que en esa conversación "nunca se habló de Invercaria".
Durante su declaración, el imputado también aseveró que "no ha participado en nada con Invercaria para ninguno de los dos préstamos participativos" ejecutados en julio de 2008 y negó haber mantenido reunión alguna "con nadie" de esta empresa pública de inversión en capital riesgo de la Junta.
NIEGA CONOCER AL PRESIDENTE DE INVERCARIA
Así, dijo que "no conoce" ni al presidente ni a ningún trabajador de Invercaria y que no intervino "ni dio indicación alguna" para la solicitud de los dos préstamos, mientras que tampoco "participó en nada relativo a la preparación de la documentación necesaria para enviar desde EDM a Invercaria en orden a la concesión" de dichos préstamos.
El imputado, que aseguró en su declaración ante el juez que en el año 2008 "seguía siendo consejero de EDM y seguía asistiendo a las reuniones" de su consejo de administración, afirmó desconocer "cómo ni por qué vías llegó EDM a Invercaria" ni tampoco que los préstamos "tuvieran un destino especial".
Asimismo, quiso dejar claro que participó en el comité de dirección que "decidía lo relevante" y llevaba "la llevanza" de la empresa hasta que tuvo un infarto en noviembre de 2007.
El imputado, además, relató que en diciembre de 2008 mantuvo una reunión en Sevilla "en la que no sabe si participó alguien" de Invercaria y en la que "se le informó" sobre una auditoría realizada por Deloitte sobre EDM, añadiendo que "además de esa reunión" en Sevilla "no recuerda ninguna otra reunión con personal de la agencia IDEA, de Invercaria ni de nadie que perteneciera a alguna Consejería de la Junta".
EL EXPRESIDENTE DE INVERCARIA DECLARARÁ EL DÍA 19
El imputado, que fue consejero delegado de EDM hasta su extinción, también indicó que a finales de 2008 avaló junto a su mujer y con sus bienes personales dos préstamos a la empresa porque, a pesar de que "tenía problemas de liquidez", pensaban que ésta "era viable" y porque los bancos "querían varios avalistas".
En esta causa también están imputados el expresidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo, que declarará el próximo día 19 de marzo; Manuel Jesús Rodríguez Rodríguez, exdirector de análisis de inversiones de Invercaria; el presidente del consejo de administración de EDM, Francisco González Mingote; el consejero delegado de esta empresa, Antonio José Jiménez Morillas, y el miembro del consejo de administración Diego Ignacio Fernández Ramírez.
Hay que recordar que Pérez-Sauquillo está imputado en las seis piezas separadas que ha abierto hasta el momento el juez del caso Invercaria, como son la causa principal y las piezas abiertas por las ayudas concedidas a Fumapa, Juana Martín, EDM, Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía (FIVA) y Operadores Aéreos Andalus.
EL ATESTADO POLICIAL
Según el atestado elaborado por el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional de Sevilla, consultado por Europa Press, Pérez-Sauquillo concedió un primer préstamo participativo de 450.000 euros a EDM, mientras que el consejo de administración de Invercaria acordó conceder un segundo préstamo participativo de 730.000 euros el mismo día de la concesión del primero.
Según el instructor, "para la concesión de los préstamos analizados no ha sido hallada, en la documentación analizada, ninguna propuesta de inversión elaborada por Invercaria, así como ningún informe positivo del comité de inversiones", añadiendo que, en la documentación de análisis para esta inversión elaborado por Invercaria, "se dan por válidas las previsiones de cifra de negocio ofrecidas por EDM para el ejercicio 2008 a pesar de la fuerte desviación observada en el primer cuatrimestre".
Tras señalar que "esta desviación se omite en la propuesta elevada por Invercaria para su autorización al Consejo Rector de IDEA", el juez asevera que el primer informe de progreso de operación (IPO) "se elabora el mismo mes que EDM presenta la declaración de concurso de acreedores y ocho meses después de la concesión de los préstamos".
"GRAVES IRREGULARIDADES"
Este informe, encargado por Invercaria a Deloitte con posterioridad a la concesión de los préstamos, "pone de manifiesto que, dos meses después de dicha concesión, la gestión de EDM y su grupo de empresas presentan graves irregularidades, así como su precaria situación económica", señalando que dicho informe "debía haberse realizado con anterioridad a la concesión" de los préstamos.
Además, el juez indica que la actividad comercial de EDM "fue objeto de investigación por parte de la Agencia Tributaria al detectar graves irregularidades en facturaciones con terceros", unos hechos "que fueron puestos en conocimiento de la autoridad judicial".
El instructor concluye que Invercaria concedió dos préstamos por importe de 1.180.000 euros a EDM "sin la elaboración de una propuesta y sin un informe positivo de la inversión a una sociedad en la que, en un informe solicitado por Invercaria, se detecta, a poco más de dos meses de otorgada la financiación, graves irregularidades en su gestión y una situación económica de tal precariedad que, ocho meses después de la financiación, presenta concurso de acreedores".
Todo ello "sin que ambas circunstancias hayan sido previamente advertidas por Invercaria, y en la que la actividad comercial de los gestores ha tenido que ser sometida al procedimiento judicial", dice el juez, que considera que existen indicios de que los imputados pudieran haber incurrido en delitos de malversación y falsedad.