El presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz, ha expresado este lunes que "la Ley de Reforma de los ayuntamientos, ni es racional, ni es sostenible, porque no se le puede pedir a las administraciones más cercanas a la ciudadanía, que son los ayuntamientos, que sus principales problemas no son de nuestra incumbencia", en un encuentro en la sede de la institución provincial de Córdoba con las diputaciones de Jaén, Sevilla, Huelva, Cádiz y Granada.
Así lo ha señalado el presidente de la Diputación cordobesa, quien ha ejercido de portavoz, en rueda de prensa antes del encuentro de trabajo y coordinación que ha mantenido en el Palacio de la Merced de Córdoba con sus homólogos de Jaén, Francisco Reyes; de Granada, José Entrena, y de Huelva, Ignacio Caraballo, junto a la vicepresidenta de la Diputación de Sevilla, Agripina Cabello, el vicepresidente de la institución provincial gaditana, Juan Carlos Ruiz.
Asimismo, Ruiz ha expresado el "rechazo unánime y petición de derogación", por parte de las diputaciones andaluzas de Jaén, Sevilla, Cádiz, Granada, Huelva y de la propia institución cordobesa, para la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.
El presidente de la Diputación cordobesa se ha preguntado "¿cómo se puede pedir a los ayuntamientos que no solucionen el problema del empleo y que no articulen políticas y planes municipales?" y "¿cómo se les puede decir que las políticas de igualdad de oportunidades son competencias impropias de ellos?".
En este sentido, Ruiz también se ha preguntado "¿cómo no se van a articular respuestas para ayudar a las familias más necesitadas?" desde los ayuntamientos, dado que constituyen "la administración más cercana y aquella a la que primero se dirigen los ciudadanos con problemas fundamentales, como es el empleo".
Antonio Ruiz ha hecho hincapié en el efecto de la Ley en las políticas sociales, "desde las cuales se articulan respuestas a todas esas nuevas demandas que, con motivo de la crisis, las familias andaluzas tienen en relación a la pobreza energética y los nuevos riesgos de exclusión social".
Además, el presidente de la institución provincial cordobesa ha reivindicado que "los ayuntamientos siempre hemos demandado que se nos dote de la suficiente financiación para poder atender todas las demandas de los vecinos porque, además, la Administración local solo representa el 12 por ciento del gasto público y podemos atender muchas necesidades con muy pocos recursos".
"Esta ley --ha proseguido-- atenta y maniata la autonomía local y lo que hace es confundir a los ayuntamientos, porque es tan difusa y ambigua que depende de la interpretación de interventores y secretarios en cada municipio". Es más, "esta ley es tan ambigua que incluso, en relación a las políticas sociales, una carta del secretario de Estado plantea una moratoria, lo cual es reconocer el fracaso de esta ley".
VIOLENCIA DE GÉNERO
Por otro lado, los máximos representantes de las diputaciones andaluzas reunidos en Córdoba han planteado la necesidad de un Pacto de Estado contra la violencia de género ante la situación actual, con más de 50 mujeres asesinadas en lo que va de año en España.
A este respecto, Antonio Ruiz ha indicado que "esta lacra y esta vergüenza social necesita algo más que nuestro compromiso, todos los grupos políticos manifestamos nuestra repulsa unánime ante la violencia machista pero hace falta algo más, dar un nuevo paso y hacer de esta cuestión un Pacto de Estado que conlleve no recortar fondos en materia de prevención y lucha, sino una campaña eficaz de prevención, de educación y formación entre los más jóvenes y políticas efectivas de ayuda a las víctimas".
Finalmente, la reunión de coordinación ha servido para tratar cuestiones que afectan a todas las administraciones provinciales, como son la situación del olivar, la reforma de la PAC, políticas de concertación con los municipios e inversiones, entre otros.
