El consejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, Emilio de Llera, ha explicado este lunes que "para darle más refuerzo" al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba), que instruye la causa de la 'Operación Rocket', con la comisión de supuestas irregularidades en la gestión de subvenciones por parte del Consistorio de dicho municipio y en la que hay nueve imputados, entre ellos, la exalcaldesa Luisa Ruiz, "hay que quitarlo de otros, y esos otros están más sobrecargados que el juzgado de Peñarroya".
En declaraciones a los periodistas, el consejero, quien ha subrayado que "los refuerzos son limitados", ha manifestado que "el nivel de pendencia de este juzgado es muy inferior al de la media de todos los juzgados de la provincia", de modo que ha agregado que el hecho de que se diga que "necesita más refuerzos cuando tiene mucha menos entrada de papel y solo tiene uno preocupante", no le parece justo, ha apuntado.
Tras recalcar que "la causa no está parada por falta de medios", De Llera ha comentado que aparte del caso 'Rocket', "el otro trabajo es poco", al tiempo que ha indicado que "todos los jueces tienden a pedir más refuerzos cuando le entra una causa como esta, porque todo el mundo se asusta cuando entra una causa gorda", y entiende que "están preocupados lógicamente, y es humano".
En cualquier caso, ha declarado que "si se es justo, no se puede decir que este juzgado esté desasistido cuando la media de juzgados de la provincia tiene unas plantillas muy bajas, con una media de cuatro funcionarios".
En concreto, desde el juzgado han solicitado en distintas ocasiones refuerzos para llevar este caso, que trata de esclarecer la comisión de supuestas irregularidades en la gestión de subvenciones por parte del Consistorio peñarriblense, sobre todo, relativas a los fondos Miner en la etapa de 2007 a 2011, que llegó al órgano judicial en octubre de 2013, fecha en la que la Guardia Civil detuvo a la exalcaldesa Luisa Ruiz, entonces en el PSOE, a dos empresarios, e inculpó a otras once personas.
Cabe destacar que del total de inculpados por el Instituto Armado, el juzgado imputa a nueve por delitos contra la administración, fraude y falsedad documental, concretamente son Ruiz y dos industriales que supuestamente idearon la presunta trama, y otros seis que cooperaban para la supuesta obtención irregular de las ayudas, de los que dos son de Peñarroya y están vinculados a gabinetes de arquitectura de la localidad del Guadiato y los otros cuatro restantes residen en diferentes provincias y están relacionados con empresas dedicadas a la reparación de vagones.
El objetivo de la investigación es determinar si se cometieron irregularidades en la gestión de proyectos, cuya subvención suma 12,5 millones de euros. Están bajo examen judicial casi la mitad de los fondos Miner recibidos por Peñarroya desde el año 2005, que a su vez recibió el 40 por ciento del montante que estaba destinado a reconvertir esta antigua zona minera.
LA CAPITAL
En otro orden de cosas, preguntado por la creación de un juzgado en la capital cordobesa, el consejero ha recordado que "el Ministerio prometió que iba a crear una serie de juzgados", algo que la Junta pidió, aunque considera que "más falta hace todavía que se creen dos plazas más magistrados en la Audiencia".
Pese a ello, cree que "esa oferta que hizo el Ministerio era meramente electoralista, porque a fecha de hoy no ha salido el Real Decreto que tenía que salir para la creación de juzgados", que "preguntaron dónde se querían y se dijo", por lo tanto De Llera teme que "no se va a crear ninguno".