La Fiscalía de Málaga pedirá que se declare de especial complejidad la causa que se lleva en el Juzgado de Instrucción número 8, en la que se investigan las presuntas irregularidades en las subvenciones para cursos de formación a desempleados, con compromiso de contratación, del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en Málaga, denominado caso 'Edu'.
Así lo han asegurado fuentes judiciales, quienes han precisado que esta causa tiene actualmente 27 piezas separadas, una por cada empresa investigada por las subvenciones que recibieron en las convocatorias de noviembre y diciembre de 2010. Ya han declarado ante el juez unas 40 personas de las 60 que están siendo investigadas en este procedimiento.
El juzgado instructor comenzó a tomar declaración en abril del pasado año a los primeros investigados en esta causa, la mayoría empresarios solicitantes de las ayudas; y tiene fijadas por ahora comparecencias hasta el próximo 16 de febrero, aunque faltan aún por declarar funcionarios del SAE y responsables políticos, que, sin embargo, sí han comparecido ya ante los investigadores.
La petición de complejidad se hará a raíz de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que, en función de distintos motivos, entre ellos que el caso involucre a gran cantidad de investigados, fija los plazos de la instrucción en seis meses en las causas sencillas y en 18 meses para las complejas, por lo que en este caso se contaría con ese plazo para concluir las diligencias.
La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada ante la Fiscalía malagueña por parte de la sección de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en la Seguridad Social, que apuntaba en sus primero informes a una supuesta falta de justificación de los cursos y también de control posterior por parte de la administración.
En junio de 2014, la Fiscalía remitió el caso a los juzgados para que siguiera la investigación, solicitando la declaración como imputados de los responsables de las entidades, "así como de aquellos funcionarios y responsables del organismo autonómico que otorgó las subvenciones". Se investigan delitos de falsedad, estafa o fraude en subvenciones, así como prevaricación o tráfico de influencias.
Los investigadores relataban en sus informes iniciales, a los que tuvo acceso Europa Press, que las supuestas irregularidades se habrían producido previamente, por, al parecer, falta de capacitación de las empresas a las que se dieron fondos y de los profesores que impartían la formación; además de que en ocasiones no se llegaron a dar los cursos.
Pero también se habrían encontrado irregularidades posteriores, al, supuestamente, incumplirse a veces el compromiso de contratación del 60 por ciento de los alumnos o detectarse falsedades en partes de asistencia, así como por la falta de control por parte de la Administración durante el curso y en la liquidación de las subvenciones.
De la convocatoria del 15 de diciembre de 2010 se investigan 17 empresas que obtuvieron subvenciones --por algo menos de dos millones de euros en global--; mientras que de las subvenciones concedidas el 4 de noviembre del mismo año se investigan unas 10 firmas. En el marco de estas diligencias, ya han comparecido ante el juez unas 40 personas vinculadas con distintas sociedades.
De hecho, el juzgado retomará la próxima semana las declaraciones con dos investigados que concurrieron a la convocatoria de subvenciones del 4 de noviembre de 2010.
