El Banco Nacional de Datos Genéticos de Argentina, un archivo de material genético que pretende devolver la identidad a hijos de desaparecidos, se ha convertido en un modelo de recuperación de memoria no sólo para ese país, sino para otros del Cono Sur sometidos a dictaduras en las décadas de los 70 y 80.
La entidad está centrada en la identificación genética de los familiares de los más de 30.000 desaparecidos que dejó la dictadura en Argentina, de cuyo inicio mediante un golpe de Estado se conmemoran 40 años el jueves.
Su ejemplo puede servir a países de la región como Paraguay, que entre 1954 y 1989 vivió la dictadura más larga del Cono Sur, con una secuela de al menos 425 desaparecidos, declaró a Efe en Asunción la bioquímica Belén Rodríguez Cardozo, exdirectora de dicho banco.
Rodríguez se reunió esta semana con el equipo de la Dirección de Reparación y Memoria Histórica (DRMH), que gestiona un banco de datos genéticos limitado a los familiares de desaparecidos, y que cuenta con 152 muestras.
La científica compartió su experiencia con la DRMH, que busca identificar 34 restos óseos de personas que se cree que desaparecieron durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989).
Este trabajo se realiza en colaboración con el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), una organización no gubernamental que hace treinta años comenzó a trabajar para identificar a los desaparecidos en la dictadura argentina.
Rodríguez estuvo al frente del banco argentino desde 1994 a septiembre de 2015, período en que la institución logró devolver la identidad a más de setenta hijos de personas desaparecidas en la dictadura.
En conjunto con organizaciones de la sociedad civil, como las Abuelas de la Plaza de Mayo, el archivo ha devuelto su identidad a al menos 119 hijos de personas desaparecidas o secuestradas por el régimen dictatorial, o a aquellos nacidos durante el cautiverio de sus padres y entregados a otras familias.
Rodríguez declaró que el banco argentino fue un pionero a nivel internacional, del que tomaron ejemplo después países como Bosnia o Guatemala.
"En los años 80, no había ejemplos de otros bancos de ADN, sólo contábamos con bancos de sangre. Establecimos un precedente de cadenas de custodia de material genético, y demostramos que las muestras se podían usar sin vulnerar los derechos de las personas", afirmó.
En sus orígenes, la institución se dedicó a cotejar muestras de material genético para esclarecer tanto las desapariciones cometidas durante el período dictatorial, como las causas penales o civiles que requirieran comprobaciones de filiación, como las demandas de paternidad.
Desde 2009, el banco se dedica en exclusiva a las causas relacionadas con los crímenes de lesa humanidad habidos en Argentina hasta el 10 de diciembre de 1983, fecha del final de la dictadura.
Según Rodríguez, este cambio supuso "poner una fecha de caducidad a los crímenes de lesa humanidad", lo que excluye del derecho a la identidad a las personas que desaparecieron ya en democracia, dijo.
Además, limitó las funciones del banco a estos crímenes, pese a que en Argentina "hay más de 7.000 jóvenes que no son hijos de desaparecidos, pero tampoco pertenecen a los núcleos familiares en los que crecieron".
Para estas personas, la única vía de acceso a conocer su verdadera identidad son los laboratorios privados, que pueden llegar a cobrar hasta 23.000 pesos argentinos (unos 1.500 dólares) por un estudio genético de parentesco entre tres personas.
"El Estado debería asumir esa parte de la responsabilidad de que esas personas también vean vulnerada su identidad, y otorgar una partida de dinero para que puedan seguir investigando sus orígenes", expuso la científica.
Agregó que el banco debe ser la institución que dé la contención para que las personas puedan seguir investigando quiénes son, sin quedar a la deriva cuando descubren que no son hijos de quienes dijeron ser sus padres, pero tampoco de desaparecidos.
