El delegado territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Daniel Sánchez ha vuelto a aclarar que “la salida de la Junta de Andalucía del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana se inició por parte del anterior Gobierno andaluz del PSOE en 2015, con el consejero José Fiscal como responsable, y se ratificó posteriormente, en 2016, mediante un oficio", a través de sendas cartas enviadas por el propio Fiscal al Consorcio.
Para ello, desde la actual Delegación Territorial se hace referencia a un informe jurídico de los letrados de la Administración andaluza que señala que "la situación a 31 de diciembre de 2019 es la de miembro separado del Consorcio", así como que la disolución o no del Consorcio es algo que "compete" a los propios miembros que quedan "no al que se marcha".
En dicho informe jurídico, se refiere a que "habiendo sido inequívocamente expresada la voluntad de la Junta de Andalucía de ejercer el derecho de separación", mediante Orden de 23 de junio de 2015 del consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. "Dicha Orden le fue comunicada en 2016 a los efectos oportunos y al objeto de que realizaran las actuaciones necesarias conducentes a la separación definitiva", recoge el informe.
Posteriormente, el 18 de noviembre de 2019 se dicta un oficio por el Secretario General de Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático dirigido al Consorcio comunicando que "teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde que se notificó la solicitud de separación voluntaria, la Junta de Andalucía dejaría de formar parte a partir del 31 de diciembre de 2019".
Además, la Junta, "dada la inactividad" del Consorcio para determinar la cuota de liquidación correspondiente que determine la separación definitiva, solicita a los letrados pronunciamiento sobre la situación en el Consorcio tras el 31 de diciembre de 2019.
El informe recuerda que, según la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, "la separación por un miembro del consorcio del que forma parte constituye un derecho", que según el artículo 125, "habrá de ejercitarse mediante escrito notificado al máximo órgano de gobierno del consorcio".
Así, tras informe de los letrados y confirmar que no existe ningún acto administrativo posterior que revocara esta decisión planteada por el anterior consejero, la Junta "da por ejecutada la separación voluntaria iniciada por el consejero, José Fiscal, sin que por el silencio del propio Consorcio les exima de las actuaciones que constituyen auténticas obligaciones legales de hacer para con el miembro separado, que no puede ser compelido a permanecer en el Consorcio".
Además, el informe señala que, según la Ley, "decidir si el ejercicio del derecho de separación por la Junta de Andalucía ha de comportar la disolución del Consorcio o si, por el contrario, ha de continuar con los demás miembros, es algo que les compete a los propios miembros del Consorcio".
Con todo ello, Daniel Sánchez ha explicado que “ante esta situación, no hay lugar a dudas de que el presidente del Consorcio, así como algunos de los miembros, se encuentran equivocados cuando apuntan a los actuales responsables del Gobierno andaluz de esta salida”, por lo que les reclama “rigor y acabar con todas las informaciones falsas que están vertiendo en las últimas semanas”.
A pesar de esta salida de facto, el delegado ha afirmado que “el no formar parte del Consorcio no condiciona en nada las responsabilidades que asume la Junta de Andalucía en materia de infraestructuras hidráulicas en la Provincia, actuaciones que se irán determinando en función de las necesidades de la Provincia y la declaración de interés general que tengan”.
“A diferencia del Gobierno Socialista, nosotros si estamos poniendo orden en un caos que dejaron en la mayoría de las infraestructuras, en algunos casos con obras sin terminar y en otros con notables deficiencias. Pocas lecciones pueden dar cuando aún estamos buscando el dinero del canon del agua que desapareció sin rastro”, ha indicado Daniel Sánchez.
Por tanto, el delegado ha adelantado que “en las próximas fechas, nos sentaremos con el Consorcio para revisar las actuaciones que le corresponden a cada uno y analizar un protocolo firmado hace muchos años, que está obsoleto y que a fecha de hoy hay que actualizar para adaptarlo a la nueva realidad de muchos Municipios. Lo que no podemos es querer seguir con un modelo ineficaz de gestión, donde se participaba a la Junta de Andalucía en entidades como esta que no tenía razón de ser”.
