La Audiencia de Granada ha estimado el recurso de apelación interpuesto por la Junta de Andalucía y ha incluido un cuarto procesado en el llamado caso audioguías de la Alhambra, en el que se han investigado supuestas irregularidades en la adjudicación del servicio de audioguías en el monumento nazarí.
Se trata del exjefe de la Sección Económica y Contabilidad de Ingresos en el monumento, José María V.R., para quien el juzgado instructor archivó la causa el año pasado pero que a través de este auto de la Audiencia Provincial, al que ha tenido acceso Europa Press, vuelve ahora al proceso, de modo que las partes podrán formular acusación contra él si lo estiman oportuno.
El Juzgado de Instrucción 4 de Granada dio por concluida la instrucción de este caso a finales de abril del año pasado y ordenó que las actuaciones continuaran por el trámite del procedimiento abreviado contra la que fuera directora de la Alhambra, María del Mar Villafranca; la exsecretaria general, Victoria Eugenia Chamorro; y el administrador único de la empresa a la que se adjudicó el servicio de audioguías, dejándoles a un paso del banquillo por posibles delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, apropiación indebida y blanqueo de capitales.
No obstante, el juzgado acordó el archivo de la causa para otros cinco investigados, entre ellos, el exjefe de la Sección Económica y Contabilidad de Ingresos en el monumento, José María V.R.
La acusación ejercida por la Junta de Andalucía recurrió esta decisión por entender que "cooperó" con los otros investigados en la comisión de los delitos de prevaricación y malversación, pues supuestamente participó "en determinadas reuniones que tendrían por objeto llegar a acuerdos que beneficiarían a la empresa concesionaria del servicio de audioguías en detrimento de los intereses económicos del Patronato" de la Alhambra.
La Audiencia mantiene que resultaría "procedente incluir a este investigado en el auto de transformación --en procedimiento abreviado--, al ser uno de los cargos de confianza de la dirección del Patronato, habiendo participado activamente en un expediente contractual en el que, tal y como concluye la propia Fiscalía en el escrito de 10 de abril de 2019, se adoptaron decisiones contrarias a elementales normas jurídicas en claro perjuicio económico del Patronato de la Alhambra".
De manera más concreta, la Junta de Andalucía imputa a este investigado no haber informado a los Servicios Jurídicos de la Administración autonómica, o a la Hacienda Pública, de la situación creada ante los reiterados incumplimientos contractuales de la concesionaria a fin de que estas pudieran emprender las acciones correspondientes.
También, haber "redactado personalmente el informe de 30 de septiembre de 2011 que eximía a la empresa adjudicataria del pago del canon variable establecido en el contrato cuando el alquiler de los equipos se efectuase a grupos".
