Padres y alumnos del CEIP 'Arco Iris' de Aguadulce, en Roquetas de Mar (Almería), han protagonizado este jueves una 'cacerolada' para protestar por la decisión de la Junta de Andalucía se sacar a licitación el servicio de comedor que el AMPA del centro lleva gestionando desde hace 25 años.
La situación afecta también a las ampas de otros seis centros, entre los que figuran los CEIP 'Francisco de Goya', 'Europa', 'Santa Isabel', 'Madre de la Luz', 'La Chanca' y del IES 'Cruz de Caravaca'. Los siete iniciaron hace unas semanas una ronda de movilizaciones para solicitar al Gobierno andaluz que formalizase convenios de colaboración que permitiesen continuar prestando el servicio frente a la opción actual, que las obliga "a competir con empresas".
La presidenta de la AMPA del CEIP 'Arcoiris', María José Urda, ha indicado a Europa Press que la 'cacelorada', a la que van a seguir otras en días sucesivos, llega después de que "no hayamos recibido contestación alguna" a los escritos remitidos a la Consejería de Educación, al ISE y a la "propia presidenta, Susana Díaz". "Hemos intentado una solución con el diálogo pero no llega y la licitación podría salir en cualquier momento dejándonos sin opciones", ha lamentado Urda.
Desde el colectivo remarcan que el pliego va a "primar la economía sobre la calidad" en el servicio de comedor e insisten en que "no podemos competir con empresas que no son una ONG y tendrán que pagar además un canón a la Junta". "¿Qué menú con primer y segundo plato, además de postre, se va a dar con un coste de 1,8 o dos euros?", se ha preguntado Urda, quien ha recordado que las ampas han hecho "importantes inversiones" para prestar el servicio y, por ejemplo, "poder cocinar con agua mineral" y que todos los proveedores con los que trabajan "son locales".
Al hilo de esto, ha alertado de que la situación puede ser "especialmente crítica" en el caso del CEIP 'La Chanca', un barrio con alto índice de vecinos en situación de exclusión social de la capital almeriense y "donde por desgracia el almuerzo del comedor es la única cómida al día para algunos de sus alumnos".
Tras remarcar que el colectivo "siempre" ha "intentado solucionar la situación sin armar ruido", Urda ha señalado que la licitación "puede ser inminente" y ha criticado que la ley "contradiga lo que hasta ahora nos ha dicho la Junta". "El ISE no puede conveniar porque no tiene fondos propios pero la delegación territorial sí y si no, hay otras opciones como el procedimiento negociado sin publicidad", ha indicado.
El calendario de movilizaciones va a continuar en próximos días y está previsto que se celebre una manifestación por las calles del centro de Almería el próximo día 19. Asimismo, se ha iniciado una recogida de firmas en la sede de los propios centros educativos y a través de plataformas web. "La Junta no se ha dignado a contestar a los escritos y no queremos que el proceso entre en una fase en la que no haya vuelta atrás y no podamos continuar gestionando de forma directa los comedores escolares", ha concluido.
"INTERÉS SOCIAL"
En los citados escritos, los representantes de las siete ampas solicitaban la firma de un convenio de colaboración con la Consejería de Educación, ya que "una vez consultados expertos jurídicos", esta "sería la vía para no tener que competir con empresas que tienen otros objetivos bien diferentes a lo que es una entidad sin ánimo de lucro, formada por padres y madres y, además, declarada de interés social".
Las siete asociaciones de madres y padres recuerdan que "no son una empresa, que en sus objetivos no está el ganar dinero y que su forma de gestionar los comedores ha resultado beneficiosa para todas las partes y muy en especial para los niños que comen en dichos centros escolares".
La delegada de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en Almería, Isabel Arévalo, señaló en su momento que podían participar en el procedimiento de licitación para hacerse con el servicio y que el contrato con las ampas, renovado anualmente, se iba a dar por extinguido por recomendación de los servicios de intervención, que aconsejaban sacar a concurso público la gestión de estos comedores.
Arévalo rechazo que el servicio fuese a "perder calidad", ya que, según explicó, se va a solicitar la subrogación de los trabajadores a la empresa que resulte beneficiaria del contrato de explotación con "los mismos empleos y las mismas personas", mientras que, por otro lado, la comida se elaborará en las mismas cocinas en las que se ha hecho hasta ahora.