El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cádiz, Juan Manuel Pérez Dorao, ha criticado duramente las palabras con las que el equipo de Gobierno se ha dirigido a los empresarios de los chiringuitos tras conocer que han interpuesto una denuncia contra el concejal de urbanismo, Martín Vila. El portavoz naranja, ha hecho hincapié en que “las acciones emprendidas por los empresarios no son un chantaje ni una amenaza, tal y como ha indicado Martín Vila; son la consecuencia de no haber hecho las cosas conforme a la Ley, dando falsas esperanzas a los propietarios, a pesar de que la Comisión Consultiva de Contratación Pública de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía ya había dejado claro que debía iniciarse un nuevo procedimiento de contratación para no vulnerar el principio de libre concurrencia”.
Perez Dorao ha recordado que “desde Ciudadanos ya advertimos hace meses que la tramitación de este expediente no solo afectaba al Ayuntamiento y a su patrimonio, sino a los derechos de los industriales que se adjudicaron la explotación de los chiringuitos y que entonces pretendían adquirir la concesión administrativa de la que es titular el Ayuntamiento. Una situación que, como ya indicamos entonces, adolecía de seguridad jurídica, pudiendo llegar a perjudicar los derechos o intereses de los propietarios, tal y como ha ocurrido finalmente”.
En el escrito al que hace referencia Ciudadanos, y que fue presentado en el mes de febrero, se hacía alusión al encaje que los nuevos parámetros de ocupación superficial que se derivarían de la modificación sustancial de las condiciones puedan tener en el PGOU de Cádiz, asunto que ha propiciado la denuncia de los propietarios. “Está claro que desde Urbanismo se han empleado diferentes criterios para los chiringuitos y para otras instalaciones, como Cádiz Arena, por ejemplo. En la respuesta de la Junta ya se dejó claro que la ampliación de las terrazas no puede considerarse una construcción sino una instalación. Parece que Martín Vila ha mantenido una actitud arbitraria en este punto”, ha añadido.
En esta línea ha continuado Pérez Dorao, quien se ha mostrado sorprendido de que ahora el argumento del equipo de gobierno sea el actuar en favor del interés general, algo que considera un contrasentido “si tenemos en cuenta que todo este proceso se inició por un Decreto del alcalde que carecía de cualquier informe jurídico. No fue hasta que Ciudadanos advirtió sobre el proceso cuando decidió dar marcha atrás. No han pensado en el interés general hasta que se han visto al descubierto”
Para finalizar, el edil ha afirmado que “no es la acción jurídica de los empresarios la que hace flaco favor a Cádiz, tal y como acusan desde el gobierno local; sino la actuación de unos dirigentes no son capaces de gobernar de forma eficaz. Lo hemos podido comprobar en esta ocasión con la transmisión de los chiringuitos, pero también con la remunicipalización, con la continuidad del contrato de limpieza fuera de prórroga o la anulación del presupuesto del 2016 por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía”
