El 10 de febrero de 2015, el Gobierno de Gibraltar publicó un borrador parlamentario con antelación a la propuesta de Ley de Libertad de Información. Esta legislación sigue la estela de los muchos compromisos en pro de la transparencia y la apertura del Gobierno de coalición de socialistas y liberales.
El borrador parlamentario circuló como tal hasta el 8 de marzo. Ahora se mantiene como Proyecto de Ley hasta que se debata en el Parlamento y se espera que la Ley de Libertad de Información pase a formar parte de la legislación gibraltareña en los próximos meses.
La legislación en materia de libertad de información brinda al público general acceso a los datos de los que dispone el Gobierno. Establecerá un proceso legal sobre el "derecho a saber" mediante el cual se podrá solicitar acceso a la información en manos del Gobierno. Dicha información deberá proporcionarse gratuitamente o a un coste mínimo y sólo podrán existir unas cuantas excepciones por norma, como en los casos en los que tal divulgación represente un perjuicio para una investigación criminal o para los intereses comerciales de terceros.
La legislación en materia de libertad de información brindará acceso público a la información en manos de los organismos públicos de las siguientes formas:
Los organismos públicos estarán sujetos a la obligación de publicar cierta información sobre sus actividades y los ciudadanos tendrán derecho a solicitar información a los organismos públicos.
La legislación abarcará cualquier tipo de información que haya sido registrada y esté en manos de organismos públicos gibraltareños, lo que incluye documentos impresos, archivos informáticos, correspondencia física, correos electrónicos, fotografías y grabaciones de audio o video.
Los principios básicos de la legislación en materia de libertad de información son los siguientes:
· Todos los ciudadanos tendrán acceso a la información de carácter oficial. La información sólo será de dominio privado si existe un motivo que lo justifique y así se recoja en la legislación.
· El solicitante no deberá justificar la petición de información.
· Todas las solicitudes de información deberán tratarse en igualdad de condiciones, excepto en las circunstancias en las que dichas solicitudes sean de naturaleza abusiva o vulneren la protección de datos de carácter personal. La capacidad para recabar información en virtud de la legislación no deberá verse afectada por la identidad del solicitante. Todos los solicitantes deberán recibir el mismo trato, independientemente de que sean periodistas, ciudadanos corrientes, empleados públicos o investigadores extranjeros.
La Ley de Libertad de Información implicará una transformación importante del funcionamiento de la Administración pública. Por ello, se introducirá gradualmente y su aplicación variará en función de cada organismo o departamento público.
El Viceministro Principal, Joseph García, comentó: “Éste es otro texto legislativo importante en el programa del Gobierno”.