En rueda de prensa, el secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, ha informado de que hasta 2003 las sedes de la Junta en Bruselas y Madrid se financiaban mediante una transferencia directa de la Consejería de la Presidencia, según se recoge en las partidas de los presupuestos anuales de la Junta de Andalucía.
No obstante, a partir del ejercicio 2004 la Consejería de la Presidencia firmó un convenio con el IFA por el que la financiación de las sedes se delega a este departamento, algo que aparece desde los presupuestos de la Junta de 2004 y utilizando el mismo procedimiento usado en el llamado "fondos de reptiles".
El PP ha reclamado al Gobierno andaluz que explique los motivos por los que se firmó dicho convenio, aunque para el secretario general de los populares andaluces el objetivo no podía ser otro que "escapar al control" del Parlamento de las cuentas destinadas a las sedes de la Junta en Bruselas y en Madrid.
"¿Por qué tiene que pasar este dinero por el intermediario del PSOE saltándose los controles?", ha subrayado el dirigente del PP andaluz, quien ha añadido que el procedimiento que se ha utilizado para financiarlas es el mismo que el del "fondo de reptiles" que investiga la justicia en el caso de los ERE irregulares.
Se ha preguntado si el dinero destinado a las sedes ha ido a pagar gastos "injustificados", por que, de lo contrario, no tendría sentido que el Gobierno andaluz utilizara "la Banca Privada del PSOE" -en alusión al IFA- para hacerse cargo de un dinero que "solo buscaba escapar del control" presupuestario.
Tras insistir en que puede tratarse de un intento de ocultar gastos "injustificados", Sanz ha explicado que solamente durante los años 2004 y 2006 a la sede de Bruselas se les trasfirieron 1,35 millones de euros y más de 605.000 euros a la de Madrid, por lo que ha reiterado la necesidad de una explicación por parte del Gobierno.
Por otra parte, se ha referido a la información sobre que la Junta concedió en los 45 días previos a la celebración de las elecciones andaluzas de 2004 un total de 36 ayudas a ayuntamientos gobernados por el PSOE y empresas "afines" a los socialistas, con cargo al fondo de los ERE irregulares.
Según Antonio Sanz, se trata de algo "bochornoso" y que prueba "a dónde iban" los fondos destinados a los parados, al tiempo que pone de manifiesto que los fondos públicos se pusieron "al servicio" de un partido político concreto.