La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha instado hoy a Junts pel Sí (JxSí) a rectificar su propuesta de una desconexión "exprés" de Cataluña porque considera que esas iniciativas les deslegitiman y porque "no van a ningún sitio por mucho que corran".
Sáenz de Santamará se ha referido a la pretensión de JXSí de reformar el reglamento del Parlament para acelerar la desconexión de Cataluña en declaraciones a los periodistas antes de participar en un desayuno informativo con la ministra de Exteriores de Colombia, María Angela Holguín.
Para la vicepresidenta, es "muy significativo" que se presente una propuesta de ese tipo "cuando la Generalitat está absolutamente desacreditada a nivel internacional en su proceso y cuando tendría que estar dando explicaciones por los gravísimos casos de corrupción que asuelan a su partido".
También ha llamado la atención de que lo hagan cuando en los tribunales se está analizando reiterados incumplimientos en reiteradas ocasiones la le.
Ante todo ello, ha considerado que JxSí ha decidido no sólo saltarse la ley, sino también obviar a esa gran mayoría de catalanes que cree que se sienten también españoles.
"Nunca ha colado para la gente que defiende la democracia esa dicotomía que ellos siempre hacen entre ley y democracia, y ahora se ha puesto de manifiesto que la Generalitat y Junts pel Sí piensan que la democracia son ellos y lo que digan ellos es la ley", ha añadido.
Frente a ello, ha dicho que en España y en Cataluña hay una democracia de ciudadanos que quieren ser libres, iguales y desean seguir siendo españoles.
"Esa es la Constitución, y cuanta más prisa quieran darse, más y más legitimación van perdiendo por el camino", ha subrayado antes de pedir que rectifiquen "porque no van a ningún sitio por mucho que corran".
Respecto a las declaraciones del expresidente de la Generalitat Artur Mas en las que ayer, en el juicio al exconsejero de Presidencia Francesc Homs dijo que nadie les advirtió de que convocar la consulta del 9N será un gran delito, ha señalado que si en Derecho nadie puede excusarse en el desconocimiento de una ley, si quien lo hace ha sido un gobernante, se trata de una "mala excusa".
"Pero eso -ha subrayado- lo tienen que decidir los tribunales".
