Así lo recoge el recurso firmado por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, que solicita al pleno de la sala de lo penal de este tribunal que, “a la mayor urgencia”, anule el auto de Garzón en el que se declara competente al considerar que su pretensión “de conocer todo y de todos en un solo procedimiento quiebra la más elementales reglas del proceso penal y aboca inevitablemente a una inquisición general en nuestra Constitución”.
El fiscal Zaragoza cree que Garzón hace una “singular interpretación” al enmarcar la competencia de la Audiencia Nacional en que los hechos son constitutivos de un delito de detención ilegal sin dar razón de paradero, ya que estima que “es público y notorio” que las víctimas fueron ejecutadas y, por tanto, estamos ante delitos de asesinato, que han prescrito.
Según explica el recurso, es cierto que el delito de detención ilegal es permanente y no prescribe mientras no aparezca la víctima, pero en estos hechos es “notorio” el fallecimiento del secuestrado y, subraya, ni siquiera el juez instructor se plantea la posible “subsistencia” de detenciones ilegales más de allá de 1951, por lo que consideran que los hechos deben calificarse como asesinatos.
Sostiene también que el magistrado ha incoado una “especie de causa general contraria a las exigencias del proceso penal” ya que, según establece la ley, por cada delito se debe abrir un sumario para evitar en lo posible una “acumulación innecesaria”.
La Fiscalía pone de manifiesto que los delitos han prescrito también en virtud de Ley de Amnistía del año 1977 y que resultaría un “absoluto disparate jurídico” cuestionar la legitimidad de esa norma y, “lo que es peor, atribuirle el estigma de ley de impunidad porque, pese a que es una ley preconstitucional, fue aprobada por un Parlamento democrático en pleno proceso de transición.
El recurso, que consta de 41 folios, señala que la pretensión de recuperar la memoria y la dignidad de las víctimas es “justa”, pero que la Ley de Memoria Histórica formaliza el reconocimiento de esa “injusticia histórica” y articula las medidas precisas para llevar a cabo la identificación de las víctimas, la localización de las fosas comunes y la exhumación de los restos para entregárselos a sus respectivas familias.
