La Junta ha sancionado a una residencia de mayores de la provincia de Granada por varias infracciones, entre ellas "tratar discriminatoriamente a las personas en situación de dependencia", a raíz de que fuera investigada por el Defensor del Pueblo Andaluz tras la denuncia de un particular.
Según consta en una resolución del Defensor de mediados de abril, a la que ha tenido acceso Europa Press, las irregularidades a las que aludía este particular afectaban a "derechos fundamentales", como el "derecho a la vida y a la integridad física y moral", así como al derecho a la protección de la salud y a la obligación de los poderes públicos de promover el bienestar de los ciudadanos de la tercera edad mediante un sistema de servicios sociales que atienda sus problemas específicos de salud.
A tenor de ello, el Defensor del Pueblo Andaluz incoó una queja de oficio para solicitar información a la Delegación Provincial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales.
La inspección de Servicios Sociales reveló que la alimentación no era del gusto de la gran mayoría de residentes entrevistados y que éstos también se quejaban del excesivo cambio de personal cuidador y de la tardanza excesiva en atenderles cuando llaman al pulsador de la habitación.
La Junta indicó que se adoptarían las medidas oportunas para garantizar la atención de calidad y el bienestar al que tienen derecho los mayores residentes. Así requirió a la entidad titular para que subsanara "de inmediato" los incumplimientos detectados y que acreditase, en el plazo de cinco días, que lo había hecho.
Posteriormente, la Junta incoó procedimiento sancionador a la entidad titular del centro por la comisión de varias infracciones leves. Entre ellas, no aplicar los protocolos de actuación del Plan de Cuidados; "percibir cantidades no autorizadas como contraprestación de servicios sociales", "tratar discriminatoriamente a las personas en situación de dependencia" o "a las personas usuarias del Sistema de Servicios Sociales de Andalucía".
La sanción también se produjo por "realizar una inadecuada utilización de los espacios de los centros para un uso distinto del concebido en la autorización administrativa".
La Delegación se ha comprometido a hacer un seguimiento del caso y ha comunicado a la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social que en esta residencia existían cambios frecuentes de personal y contratos de trabajo de muy pocas horas semanales, a los efectos que procedan.
