La oposición municipal exige responsabilidades políticas al delegado del distrito Triana, Francisco Pérez, y al de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, por considerar que la muerte de la joven estudiante polaca, tras precipitarse al vacío desde el poyete de la calle Betis cuando se hacía un ‘selfie’ o captaba imágenes del puente de Triana con su móvil o una cámara, se podría haber evitado si el Ayuntamiento hubiese atendido los requerimientos de los vecinos y de la Policía Local.
La afirmación de que el accidente se podría haber evitado es una hipótesis que nunca podrá demostrarse. Habría dependido de dos factores: la forma de actuar de la joven (no se ha aclarado todavía si se subió al poyete o al pretil, si sufrió un mareo o dio un traspiés, si se colocó de espaldas o frente al puente...) y la (s) medida (s) que pudiera haber adoptado el Consistorio o la Administración competente, otra cuestión que no ha quedado clara porque como suele ocurrir cuando acaece una tragedia, que todos lamentamos, las Administraciones Públicas se tiran la pelota unas a otras para tratar de justificar su inacción.
Así, el Ayuntamiento sostiene que su competencia se limita al espacio comprendido entre la mitad de la calle y las viviendas, mientras que la otra mitad, más el poyete y el muro del Altozano, corresponderían a Patrimonio del Estado. Item más, como el puente de Triana es un Bien de Interés Cultural que goza de protección integral y de una franja de respeto de 50 metros a su alrededor (en la que estaría comprendido el punto donde se produjo el accidente), nada habría podido hacerse sin el permiso de la Junta de Andalucía y de la Autoridad Portuaria. Esta se ha defendido alegando que sólo es competente sobre la lámina de agua, y tanto el Gobierno andaluz como Patrimonio del Estado niegan que en algún momento se les haya consultado o solicitado permiso para haber adoptado alguna medida cautelar.
Para rizar el rizo, el alcalde ha afirmado que al tratarse del área de respeto del puente, un BIC, el Ayuntamiento no puede modificar el pretil con ningún elemento de protección añadida que altere tanto su fisonomía como la perspectiva y visión del mismo, por lo que la única actuación factible hasta este momento ha consistido en incrementar de dos a siete el número de carteles de metacrilato adosados al respaldo del poyete y con la leyenda ‘es peligroso subirse y sentarse en el respaldo’.
Esta aseveración también es cuestionada desde la Junta de Andalucía con el argumento de que hay que anteponer la seguridad de las personas a cualquier otra consideración, pero que para poder pronunciarse al respecto necesita que se presente un proyecto de intervención a la Consejería de Cultura, el cual tampoco existe.
De banco a poyete
Hasta donde me alcanza la memoria, el banco de piedra corrido a lo largo de parte de la calle Betis ha existido desde hace decenios, aprovechando como respaldo la parte superior del muro del Altozano, sin que nunca, que yo recuerde, se produjera un accidente similar al sufrido por la joven polaca. Cierto es que a consecuencia de las sucesivas obras y reformas realizadas en la calle, el nivel del suelo se ha ido elevando hasta reducir de forma acusada la altura del banco de piedra, por lo que ahora ya es muy difícil sentarse en el mismo con las piernas en ángulo recto.
El lenguaje también refleja esta evolución, ya que en el habla andaluza la palabra poyete se usa para denominar a un banco de menor tamaño. Ahora, el banco de piedra emerge tan sólo unos 20 centímetros del nivel de la calle, pero ello no quiere decir que anteriormente, con su altura original (un banco no es demasiado elevado) no resultase fácil subirse al mismo y al pretil y colocarse en situación de riesgo, como presuntamente le habría ocurrido a la estudiante polaca.
La persona que pasee normalmente por la calle y respete la separación del pretil que impone la anchura del banco, más la altura de aquél ( siempre ha sido la misma, unos escasos 50 centímetros), no se pone en situación de riesgo y al mismo tiempo puede disfrutar del paisaje del río y de la visión del puente y de la otra orilla.
Para precipitarse al vacío desde 7 metros de altura, con la mala fortuna de impactar con la cabeza contra el mínimo muelle existente al pie de la zapata, la estudiante polaca debió de subirse, presuntamente, al banco y/o al pretil, pese a las advertencias de peligro en los carteles.
Por tanto, no cabría exigirle al Ayuntamiento responsabilidad política por una conducta ajena presuntamente imprudente y contra el sentido común, y de cuyo riesgo se alerta en siete carteles a lo largo del pretil. Como reza el adagio jurídico, el causante de la causa es el causante del mal causado.
En este caso, está claro que quien se colocó en situación de riesgo de caer fue la desafortunada joven polaca, la causante de la causa.
Ahora bien, desde la realización de las reformas urbanísticas en la calle, la elevación del nivel del suelo y la paralela disminución de la altura del banco de piedra hasta quedar reducido a un mero poyete, se ha incrementado la percepción de peligro, porque ahora es más fácil que antes subirse al banco y al pretil o asomarse desde éste al río.
Esa percepción de peligro aumentado es la que trasladaron al Ayuntamiento tanto los vecinos, en mayo de 2012 (reunión del Consejo de Participación Ciudadana) y en junio de 2013 (Junta Municipal de Distrito), como la Policía Local (enero de 2013 y abril de 2014), ésta en sendos informes remitidos a la Gerencia de Urbanismo.
Y aquí es donde ya empiezan las contradicciones municipales, porque el delegado de Triana, Francisco Pérez, ha asegurado que fue él mismo el que dio traslado a la Delegación de Urbanismo de un acuerdo adoptado por unanimidad en la Junta de Distrito para que mejorara de alguna manera la seguridad del pretil y se aminorara el riesgo de caídas, un extremo que funcionarios de la Gerencia de Urbanismo han negado. Lo único que éstos reconocen es la recepción de los informes de la Policía Local, a raíz de los cuales -y no por la petición de los vecinos, tramitada supuestamente a través del Distrito- se habría incrementado el número de carteles de aviso de peligro de dos a siete.
Por tanto, si funcionarios de Urbanismo han dejado en evidencia los asertos del delegado de Triana, entonces sí cabría exigir responsabilidades políticas a Francisco Pérez, porque en tal caso habría mantenido una versión no acorde con la realidad y habría incumplido tanto los acuerdos de la Junta de Distrito como el mandato de Zoido de primar la participación ciudadana, unos ciudadanos que habrían tenido como respuesta a sus inquietudes la inhibición municipal.
